(Artículo de Eduardo García, publicado en Bost Zubi-Cinco Puentes Eztabaidarako gune egokia-Espacio abierto de debate el 10 de enero de 2022)
Desde la constitución del Gobierno de coalición en España y desde el cambio de criterio del Gobierno Vasco, el diálogo social, tanto en Euskadi como a nivel estatal, ha adquirido un gran protagonismo. Comenzaré por hacer una afirmación sin cortapisas: la concertación y el diálogo social tripartito, refuerza a las organizaciones sindicales y empresariales como interlocutores reconocidos entre sí y por el Gobierno. Ser capaces de hacer frente, también en este importantísimo ámbito de negociación, a los principales problemas de los trabajadores y de las trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía, garantizando el poder contractual de las organizaciones sindicales ante los gobiernos y patronales, no es una cuestión menor.
No participar en el diálogo social, lejos de ser una posición de fuerza, es una renuncia expresa a un instrumento de contrapoder para evitar una forma unilateral e impositiva de hacer frente a los problemas que en los años de crisis, y tras la presión de los mercados, se está concretando en ajustes muy duros con medidas que están poniendo en cuestión no sólo derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras, sino el Modelo Social que tanto nos ha costado construir. Y esto seguirá ocurriendo si no somos capaces de influir en las políticas públicas. Los hechos, que son tozudos, demuestran que limitar el contrapoder sindical a la negociación colectiva y a las movilizaciones, huelgas incluidas, no ha impedido que se haya consumado una importante devaluación salarial ni tampoco que se hayan llevado a cabo importantes recortes de los derechos colectivos y de la protección social.
Aunque en Euskadi el diálogo social tiene un corto recorrido, en su última etapa ha tenido un avance significativo. De una parte, por la institucionalización del Diálogo Social con la creación de una Mesa de Diálogo permanente de carácter tripartito, como órgano de encuentro y participación de las organizaciones sindicales y empresariales y el Gobierno Vasco. De otra por el alcance de los temas acordados como el Pacto social vasco para una transición justa en la empresa 4.0; el Acuerdo sobre nuevos nichos y oportunidades de empleo; la tercera prórroga de los complementos por ERTE, el Acuerdo sobre el desarrollo de los Planes de Igualdad o el Acuerdo para el desarrollo del Sistema vasco de cualificaciones. En el conjunto del Estado no podemos negar que, con el diálogo y la concertación social, se han experimentado avances en materia socio- laboral que, utilizando la crisis como pretexto, las políticas neoliberales han venido cercenando en los últimos tiempos.
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